TALAGANTE: Por falta de quórum no se realizó la sesión 82º del Concejo Municipal de Talagante, donde como único punto de votación estaba la Modificación Presupuestaria número 12, que busca destinar recursos para “compensación por daños a terceros y o la propiedad”.
Esta modificación busca pagar parte de la cifra que de más de 310 millones de pesos a la empresa IMACO, tras el fallo del Segundo Juzgado de Letras de Talagante, que obligara a la Municipalidad a indemnizar a dicha empresa, que demandó al municipio luego que el año 2019 se le adjudicara un proyecto que buscaba el mejoramiento del Parque Municipal Tegualda, pero que en la ejecución se solicitó otras obras mayores que no eran parte del proyecto.
Es así como la empresa “Ingeniería, Maquinarias y Construcción LTDA, IMACO” accedió a estos requerimientos, pero con el compromiso de que sería la Municipalidad la que cancelaría las obras que no eran parte del proyecto original, pago que nunca llegó, por lo que la empresa demandó y ganó.
Lo anterior, motivó a que los Concejales Purísima Macaya (RN), Sebastián Rosas (PS), Andrés Llorente (UDI) y Ricardo Bravo (I), no se presentaran a la sesión debido a que tras haber pedido al edil que se buscaran las responsabilidades, un sumario que determinara a los responsables de esta merma importante de recursos de las arcas municipales.
La Concejal Purísima Macaya afirmó que “ Nosotros como concejales estamos obligados a aprobar esta modificación para pagar la sentencia, pero no asistimos al Concejo en señal de protesta, ya que cuando el Alcalde informó la situación en el pasado concejo ordinario 73º del mes de Junio, le solicité en mis puntos varios, buscar responsabilidades y además en una reunión de trabajo interno con el Alcalde, junto a los concejales Llorente, Rosas y Bravo le solicitamos un sumario administrativo, para determinar a los responsables del porqué nos demandaron, ya que hemos podido observar que hubo modificaciones mayores en la obra que no estaban autorizadas por el Gobierno Regional, eso aumentó los costos y la empresa nos demandó, ganando en los tribunales”.
“Además, por otro lado consideramos que la municipalidad no se defendió como debía. La contestación de la demanda fue débil y no presentó pruebas en el término probatorio. Cuando vino el fallo de primera instancia no apeló y eso hoy nos costará 310 millones de pesos en un proceso judicial que fácilmente se pudo haber siquiera dilatado”.
Junto con Purísima Macaya, los concejales que no se presentaron al último Concejo, fueron Andrés Llorente, Sebastián Rosas y Ricardo Bravo.
En el Concejo que no se pudo realizar, Carlos Álvarez se mostró sorprendido por la actitud de los Concejales, lo cierto es que La Municipalidad tiene que pagar sí o sí este monto, pero el grueso del Concejo, como ente fiscalizador tiene el derecho y la obligación de conocer los verdaderos responsables de una importante suma de dinero por parte del municipio.
Es así como este próximo jueves 28 de septiembre se citó a un nuevo concejo donde se abordará este importante punto.
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Lo verdaderamente grave no es perder un juicio, sino haber exigido obras y no pagarlas. Lo grave es que esa deuda haya existido por hacer las cosas de manera irregular. No es correcto que la Municipalidad cometa los mismos abusos que le reprochamos a los empresarios privados.